En la tarde del viernes pasado, 6 de julio de 2012,
fue entregada al Consul del Peru en Sao Paulo, una carta suscrita por aproximadamente
200 organizaciones brasileñas con preocupaciones sobre los recientes
asesinatos, agresiones y detenciones arbitrarias derivadas de la ola de
represión promovida por fuerzas públicas de seguridad contra opositores a la a
instalación del proyecto minero Conga, de la empresa Newmont, con sede en los
Estados Unidos.
La comisión que llevó la carta al consulado fue
compuesta por Dirceu Travesso, miembro de la Secretaria Nacional de la Central
Sindical CSP-CONLUTAS y por Danilo Chammas, abogado ligado a la Red Justicia en
los Rieles y que actúa en defensa de los derechos humanos en zonas impactadas por
la minería en la Región Norte del Brasil. Ambas organizaciones hacen parte de
la Articulación Internacional de los Afectados por la empresa Vale.
La comisión fue recibida por Eduardo Pérez Del Solar,
Consul General Adjunto y por Fernando Álvarez Gamboa, Consejero. La reunión
duró cerca de 45 minutos.
Después de una presentación inicial sobre el contenido
de la carta, los representantes del Estado peruano reconocieron la gravedad de
la situación lamentaron por las cinco muertes y por los resultados de las demás
acciones violentas perpetradas por las fuerzas públicas de seguridad y
reafirmaron el compromiso del actual gobierno de Ollanta Humala de hacer todo
lo posible para evitar nuevas muertes y agresiones.
Al mismo tiempo, defendieron la legitimidad del
proyecto minero Conga, como un proyecto necesario para el desarrollo del país. Desafiaron
a los que justifican la oposición por su impacto sobre el agua, afirmando que
toda el agua de la región ya está contaminada y no puede ser usada para el
consumo humano. Atribuyeron la responsabilidad por las detenciones, agresiones
y muertes a una supuesta intransigencia de los movimientos sociales locales,
que estarían negándose a dialogar con el gobierno o presentar propuestas
concretas para una negociación. Afirmaron que los actos violentos, aunque
lamentables, están ocurriendo en un contexto de Estado de Emergencia, en que
ciertos derechos y garantías están suspendidos, y que a pesar de tener conocimiento
de esto, los manifestantes permanecen ocupando las calles con sus acciones de
protesta contra el proyecto Conga.
Haciendo una mención a los tiempos del conquistador
Pizarro y del dictador Fujimori, la comisión reiteró los pedidos constantes de
la carta e insistió, en especial, para que el Estado peruano tome medidas
efectivas y urgentes a fin de evitar que los trágicos hechos vividos en los
últimos días se repitan. Los representantes consulares asumieron el compromiso de
transmitir las preocupaciones expresadas en la carta a las autoridades peruanas
en Lima. (Carlos Bedoya)
Comentarios