200 organizaciones brasileñas dirigen carta a Ollanta Humala sobre violencia en Cajamarca

En la tarde del viernes pasado, 6 de julio de 2012, fue entregada al Consul del Peru en Sao Paulo, una carta suscrita por aproximadamente 200 organizaciones brasileñas con preocupaciones sobre los recientes asesinatos, agresiones y detenciones arbitrarias derivadas de la ola de represión promovida por fuerzas públicas de seguridad contra opositores a la a instalación del proyecto minero Conga, de la empresa Newmont, con sede en los Estados Unidos.
 
La comisión que llevó la carta al consulado fue compuesta por Dirceu Travesso, miembro de la Secretaria Nacional de la Central Sindical CSP-CONLUTAS y por Danilo Chammas, abogado ligado a la Red Justicia en los Rieles y que actúa en defensa de los derechos humanos en zonas impactadas por la minería en la Región Norte del Brasil. Ambas organizaciones hacen parte de la Articulación Internacional de los Afectados por la empresa Vale.

La comisión fue recibida por Eduardo Pérez Del Solar, Consul General Adjunto y por Fernando Álvarez Gamboa, Consejero. La reunión duró cerca de 45 minutos.

Después de una presentación inicial sobre el contenido de la carta, los representantes del Estado peruano reconocieron la gravedad de la situación lamentaron por las cinco muertes y por los resultados de las demás acciones violentas perpetradas por las fuerzas públicas de seguridad y reafirmaron el compromiso del actual gobierno de Ollanta Humala de hacer todo lo posible para evitar nuevas muertes y agresiones.

Al mismo tiempo, defendieron la legitimidad del proyecto minero Conga, como un proyecto necesario para el desarrollo del país. Desafiaron a los que justifican la oposición por su impacto sobre el agua, afirmando que toda el agua de la región ya está contaminada y no puede ser usada para el consumo humano. Atribuyeron la responsabilidad por las detenciones, agresiones y muertes a una supuesta intransigencia de los movimientos sociales locales, que estarían negándose a dialogar con el gobierno o presentar propuestas concretas para una negociación. Afirmaron que los actos violentos, aunque lamentables, están ocurriendo en un contexto de Estado de Emergencia, en que ciertos derechos y garantías están suspendidos, y que a pesar de tener conocimiento de esto, los manifestantes permanecen ocupando las calles con sus acciones de protesta contra el proyecto Conga.
Haciendo una mención a los tiempos del conquistador Pizarro y del dictador Fujimori, la comisión reiteró los pedidos constantes de la carta e insistió, en especial, para que el Estado peruano tome medidas efectivas y urgentes a fin de evitar que los trágicos hechos vividos en los últimos días se repitan. Los representantes consulares asumieron el compromiso de transmitir las preocupaciones expresadas en la carta a las autoridades peruanas en Lima. (Carlos Bedoya)

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